Franco, el presunto

Un tribunal italiano acaba de condenar al Estado alemán a pagar una indemnización por la matanza de Civitella, ocurrida en 1944. Aquí, en España, el juez Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar las desapariciones forzadas de la guerra civil y el franquismo. Este auto ha sido recurrido por el fiscal, que lo pone a caldo,
Precisiones jurídicas aparte, se trata de hechos similares, coetáneos (y fascistas). Son en ambos supuestos crímenes ejecutados por un Estado (el alemán o el español), al amparo de un régimen dictatorial. Ambos se sitúan a mediados del siglo XX y en las dos situaciones quedan familiares de las víctimas, que son las que acuden a la justicia.
Pero mientras el Estado nazi perdió la guerra que había iniciado y fue aniquilado por los ejércitos democráticos, el español siguió gobernando hasta la muerte del dictador 40 años después. Digamos que buena parte de la sociedad española se aclimató al franquismo, mientras las víctimas se hacían viejas en silencio.

La iniciativa del juez Garzón -que no es más que la tramitación de las denuncias que interpusieron familiares de víctimas agrupados en asociaciones de memoria histórica de todo el país- tiene como primer resultado, a mi modo de ver, el hecho novedoso de que el nombre de Franco y de algunos otros aparezca impreso como objeto de investigación en un papel judicial y no en libros de historia o en las placas de alguna calle.
Salvo algunos recalcitrantes, el común de los mortales pensamos que el golpe militar de Franco fue ilegal y con él, todo lo que vino después. También sabemos que la dictadura asesinó, encarceló, denigró, desterró … a miles de personas.
Lo novedoso de este caso, lo que da valor al acto de Garzón, independientemente de cuál sea su resultado final, es que por primera vez en España se piden cuentas a la dictadura en papeles con membretes de la Administración de Justicia.
Quizás sea eso lo que haya causado estupor en algunos sectores. Y no me refiero al fiscal, cuyo análisis es fruto de la aplicación de la técnica jurídica. Me refiero a personas como Fraga. O como Aguirre, que ironiza y dice que por qué Garzón no pide el certificado de defunción de Napoleón. Quizás, digo yo, porque ya no quedan víctimas del 2 de mayo y del franquismo sí.
Me decía el otro día una amiga, involucrada en este movimiento de recuperacion de la memoria histórica, que conoce a una señora de 80 años que ha decidido no morirse hasta que aparezcan los huesos de su padre. Para ella y para otros muchos sí tiene sentido la investigación judicial. Creo que no estaría bien decirle: «Oiga no maree ahora, que ya todo eso lo arreglamos en la transición»